Malgastar los recursos públicos tiene un precio
Dom, 10/10/2010 - 8:16pm
Tarde o temprano, las Administraciones tendrán que implantar el copago de ciertos servicios para evitar la quiebra del sistema, por impopular que resulte reconocerlo en periodo preelectoral
¿A cuánto ascendería la factura real que el ciudadano tendría que pagar por su cuota correspondiente de servicio de limpieza viaria, cuidado de jardines, abastecimiento de agua, cama de hospital, mantenimiento del centro cívico del barrio o de billete de autobús? Solo el Ayuntamiento de Valladolid, la Administración más cercana, gestiona más de 160 servicios propios e impropios (de competencia de otras Administraciones públicas) y los ingresos obtenidos por los impuestos no cubren ni de lejos el monto que supone mantener servicios irrenunciables en el camino hacia el estado del bienestar. Pero son insostenibles si no se produce una transformación profunda, no solo en el marco de financiación y la ordenación del territorio, sino en la estructura mental de una población que despilfarra lo de todos en la creencia instalada de que lo gratis no cuesta ni tiene valor. Los participantes en el debate Valladolid Avanza de EL NORTE DE CASTILLA coinciden en que divulgar el coste real de la prestación de cada uno de los servicios públicos y trasladar a la población «que nada es gratuito y que se paga con los dineros de todos» sería el primer paso para concienciar de que el ajuste de cinturón tiene que producirse no solo en la economía familiar, sino en el uso racional de las múltiples prestaciones sociales.
En la nítida radiografía realizada por los representantes de las Administraciones públicas, las empresas privadas y el mundo académico que protagonizaron el debate del periódico hubo otro punto de coincidencia: más tarde o más temprano, la fórmula del copago tendrá que ser una medida ineludible a aplicar por las Administraciones para evitar la quiebra del sistema, por más impopular que resulte reconocerlo en los tiempos preelectorales que corren.
Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?, como indicó el diputado provincial y alcalde de Mayorga de Campos, Carlos Magdaleno. «El diagnóstico está claro y los problemas están más que detectados. Los municipios son muchos, cada vez están menos poblados, pero siguen precisando servicios que subvenciona la Administración y este gasto no se puede soportar, hay que hacer frente al copago. Pero mientras se gobierne mirando hacia los partidos y las elecciones tenemos un problema, y lo dice un político de Segunda B».
Competencias impropias
El caballo de batalla para las corporaciones locales es cómo hacer frente con calidad, eficiencia y satisfacción para el ciudadano competencias impropias que no solo no llevan aparejados recursos económicos suficientes para gestionarlas sino que, además, el Estado y la Junta de Castilla y León han recortado de manera sustancial como consecuencia de la crisis. Recordó el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, Alfredo Blanco que, al descenso en los ingresos por la recaudación de tributos, principalmente los vinculados a la construcción, se suma el desplome de los ingresos por la venta de parcelas pero, además, las transferencias estatales se han visto mermadas en un 18,2% respecto del ejercicio del 2009, lo que significa que las arcas municipales vallisoletanas disponen de 20 millones de euros menos para gestionar servicios.
Por ello, subrayó Blanco, «se hace imprescindible un nuevo sistema de financiación local. Es necesario reformar la Ley de Haciendas Locales y aumentar la participación en los ingresos del Estado». Además, criticó del Gobierno de España que cierre a los ayuntamientos «la última puerta para obtener recursos en un momento de crisis económica, acudir al endeudamiento», si bien se apresuró a señalar que el Ayuntamiento de Valladolid «es solvente y solamente está en el 70% de endeudamiento de los ingresos corrientes (el tope está en el 125%), no debemos un euro a nadie y los proveedores cobran en plazo». Este año, recordó, la institución acudirá a un préstamo de 72 millones de euros, «y nos sobran 40, lo que demuestra la solvencia que tenemos para las entidades bancarias, que confían en el Ayuntamiento».
Otra de las medidas que el responsable de la hacienda municipal considera imprescindible, y en la que también estuvieron de acuerdo otros participantes en el debate es «no solo pedir dinero, sino mirar al interior de las instituciones: la Administración local tiene que saber exactamente cuáles son sus competencias y luego, en función de ellas, redimensionar su plantilla, eliminar lo superfluo y redundante». El círculo se cerraría con la segunda descentralización «de manera decidida», con la transferencia de competencias de la Junta de Castilla y León a las Administraciones locales».
Para el catedrático José Luis Martínez, «al final, o se utilizan los precios o los impuestos para tratar de equilibrar la situación». Y abogó sin tapujos por reducir al 10% el número de municipios de Castilla y León en aras de la sostenibilidad.
Pero una medida mucho más inmediata, subrayó Jesús García, director gerente de la empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, Agualid, es hacer llegar al ciudadano que lo que paga por los servicios municipales como el transporte público, el agua o la basura no es el coste real «y tiene que empezar a concienciarse de que no tienen por qué ser subsidiados a toda la población».
El presidente de la Cámara de Comercio, José Rolando Álvarez, abundó en la idea de que los servicios públicos son «magníficos», sobre todo si se equiparan a los que se prestan en otros países como en Estados Unidos (en lo que coincidió el catedrático de Derecho Administrativo José Luis Martínez López-Muñiz, quien acaba de regresar de allí). El pero, remachó, es que no son sostenibles. «Hay que mantenerlos, nadie va a renunciar a ellos, pero hay que plantearse sistemas de copago». Al igual que el presidente de la CVE, Manuel Soler, no está de acuerdo con que aumentar la capacidad de endeudamiento de las instituciones locales sea positivo porque, «es ganar tiempo pero no es una solución de futuro; además de pagar los servicios públicos tendremos que pagar la deuda».
Soler exigió de las instituciones medidas que no pasen simplemente por la subida de impuestos a los ciudadanos y pidió que, en la gestión, se equiparen, salvando todas las distancias, con la manera de trabajar de la empresa privada. «Las medidas tienen que ir en el camino de mejorar la gestión, el ahorro, buscar sinergias y alianzas; tenemos que aplicar criterios de medida, de eficacia. Hoy tenemos una Administración que nos trata con ineficiencia, lo que resta competitividad a nuestras empresas». Y pone como ejemplo los ocho años que se ha tardado en la puesta en marcha de los parques eólicos marinos. «Tenemos una administración cargada de leyes y normativas, tendría que ser más pequeña y que se gestionara con sentido común».
El director de Innovación de la Junta de Castilla y León, Pablo Lebrato, se mostró en contra de esta «demonización de lo público» y recordó que el origen de la última crisis, aun admitiendo la falta de vigilancia de la administración, ha sido «el comportamiento inadecuado de organizaciones privadas», y rompió una lanza en favor de la modernización administrativa, vía Internet, que se está realizando.
Así como el representante de la Diputación provincial hizo hincapié en que la institución tiene previsto al cierre del mandato llevar la administración digital al 90% de los pueblos de Valladolid a través del proyecto Provincia Digital, Lebrato insistió en que desde la Junta se está progresando en la tramitación 'on line', aunque reconoció que «el grado de utilización todavía es bajísimo». Pero el avance en la tramitación digital tiene que ser progresivo y la Administración ha de mantener la atención presencial en oficinas para un segmento de población no familiarizado aún con las tecnologías. No hay que olvidar que la pirámide poblacional está muy envejecida y el porcentaje de mayores de 65 años es muy alto. A ello hay que sumar las muchas zonas de sombra que existen en un territorio tan extenso y con tantos núcleos de población tan dispersos.
Al hilo de las opiniones expresadas por internautas del Canal Valladolid Avanza de nortecastilla.es, el director general de Innovación resaltó la figura del funcionario habilitado, que tiene como objetivo «conseguir ser proactivos y que sea la misma persona quien se encargue de atender a una cartera de usuarios, de manera que conozca su historial administrativo y que les pueda mantener al día de convocatoria, subvenciones, ayudas y prestaciones de las que pueden ser beneficiarios».
También se trabaja, anunció, «para que todas las administraciones podamos transferirnos datos; estamos avanzando en esa interconexión. El cruce de datos evitará pérdidas de tiempo, duplicidad de documentos y, en general, contribuirá a agilizar los trámites». Respecto de la puesta en marcha del DNI electrónico, anunció que será inmediata.
Productora digital
La profundización en la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación conlleva, a juicio de la mayor parte de los ponentes, la necesidad de que Valladolid deje de ser «vendible» tan solo como una ciudad de buenos servicios, sino que tiene que empezar a arraigar la idea de que es un buen lugar para que se implanten industrias vinculadas a la producción digital. «No podemos centrarnos exclusivamente en ser una tierra de servicios, sino dar industria al sector audiovisual, producir contenidos digitales; para ello tenemos universidades con personas muy formadas, que participan de proyectos en el exterior, que realizan intercambios como el programa Erasmus...las TIC han venido para quedarse y tenemos que evolucionar con ellas», concluyó Lebrato.
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