Una Cenicienta abandonada por la política

Pilar fundamental del Estado de derecho, pero a la vez es la cenicienta de todas las administraciones públicas. Sin ella, la sociedad se crispa, la economía se paraliza y la equidad moral del sistema democrático se pone en entredicho. Es la Justicia. Coinciden todos los participantes en el debate de EL NORTE en el diagnóstico de cuál es el origen de los males que arrastra desde hace más de un lustro, y en que el ciudadano no entiende de colores políticos respecto quién debe de solucionar la falta de medios. Quizás, ¿sea un problema de falta de voluntad política? En esta apreciación coincide la mayoría.
Jurídico militar durante seis años, y ahora al frente de la Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, el concejal Alfredo Blanco señala que el Consistorio vallisoletano ha hecho por la justicia más de lo que en competencia le corresponde.
«La justicia debe de ser un servicio público eficaz, rápido y responsable. Poco puede hacer el Ayuntamiento de Valladolid para que esto sea así sino tiene competencias», apostilla el edil, que recuerda, sin embargo, que este servicio público no les es ajeno y por ello ha cedido este año, mediante una permuta, una parcela en el barrio de Girón donde se edificará la futura Ciudad de la Justicia, que agrupará todas las sedes judiciales de la capital, hoy repartidas por nueve edificios.
¿Sucede algo así en Guadalajara, Jaén o Asturias con población y volumen de trabajo judicial similar o menor al de la provincia vallisoletana? Los empresarios de la CVE y de la Cámara de Comercio lo tienen claro. No.
Por tanto se trata de una falta de voluntad política para poner al día la Administración de Justicia en Valladolid y Castilla y León. Esta es una de las conclusiones que expone Luis Velasco, catedrático de Derecho Mercantil.
«La justicia es una garantía para conseguir los fines asignados al estado democrático y de derecho», insiste Velasco, para quien la facultad de Derecho, de la que es decano desde 2008, está entre las quince mejores de España en cuanto al profesorado, lo que a su juicio facilita la profesionalización de jueces, fiscales, abogados y funcionarios que forman parte de la Administración de Justicia.
¿Pero cómo se ve desde la Universidad el funcionamiento de este servicio? «Pues la justicia es la auténtica cenicienta de la Administración de todos los servicios públicos. Lo es con este Gobierno y lo ha sido con todos los que ha habido en España en el último siglo. Los medios con los que está dotada la justicia, personales y materiales, son totalmente insuficientes», afirma Velasco, que tiene claro que esta situación solo se resolverá «poniendo dinero y dinero».
El decano de Derecho, como miembro de la sociedad civil, está de acuerdo en que solamente cuando el ciudadano tiene que acudir a un tribunal se da cuenta de esta situación.
«No solo hay dilación indebida en los procedimientos sino que vemos cómo hay ciudadanos que tienen que soportar durante años resoluciones administrativas injustas a la espera de que un tribunal se pronuncie sobre la legalidad de un acto», añade Luis Velasco, para quien la justicia en un Estado de derecho tiene otra función fundamental como es la del control del poder político.
«Si esto no se puede hacer en plazos razonables, todos los principios que se proclamen son letra mojada», dice el mercantilista.
Aunque quien tiene la competencia en esta materia es el Gobierno central, los participantes en el debate tienen claro que la Junta podía hacer algo más.
«El ciudadano no entiende de color político ni competencias, y en esta materia solo quiere que se preste este servicio público tan básico como el de la educación o la sanidad», dice Francisco Blanco, de la Cámara de Comercio.
El decano de Derecho se muestra preocupado por el proceso del traspaso de competencias, y apela a la responsabilidad de los negociadores (Junta y Ministerio de Justicia) para cerrarla.
«Se debería hacer un esfuerzo por las dos partes porque es esencial que la justicia sea transferida cuanto antes en el actual modelo de desarrollo autonómico», dice Velasco. Frente a esta sugerencia la Junta se defiende, y a través de su gerente regional de Justicia, Clemente Pita, insiste en que hay decisión de asumir las transferencias «pero no a cualquier precio». El Ejecutivo regional creó en 2004 este departamento para avanzar en el traspaso, que en estos seis años han asumido otras comunidades pero no Castilla y León.
Pita, ex secretario judicial durante años de la Sala de lo Social del Tribunal Superior, añade que la radiografía sobre esta materia que ha hecho la Junta detectan graves deficiencias, «y sería irresponsable asumirlas con un déficit que no nos perdonarían los ciudadanos, ya que el dinero que nos costase debería de ser detraído de la sanidad o de la educación, por ejemplo». Pita pone de manifiesto que el nuevo modelo de Oficina Judicial que el Gobierno pondrá en marcha es una modernización que tiene que tener una asignación económica.
En su apoyo sale Agapito Hernández, diputado de Hacienda en la Diputación Provincial, para quien la llegada de las competencias debe hacerse bien, con una dotación económica suficiente que no suponga una hipoteca futura».
Sobre la idea generalizada de que son las administraciones a las que más interesa que la justicia no funcione, Alfredo Blanco disiente y apunta al respecto que el Ayuntamiento «es también sujeto pasivo de la justicia». El edil dice que contrariamente a lo que se piensa el Consistorio no está interesado en que se demoren muchos de los acuerdos administrativos que se impugnan (urbanísticos y laborales) porque ello frena la actividad municipal. «Cuestión distinta es la resolución en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde se está tardando mucho, lo que ocasiona no pocos perjuicios económicos al Ayuntamiento por el pago de intereses», dice Blanco. Se queja el concejal de que el Consistorio esté recibiendo señalamientos de vistas para pleitos con fecha del año 2012.
Sobre la deficiente prestación que en términos generales realiza la Administración de Justicia, el concejal de Hacienda apunta otro dato. La Policía Local realiza tareas de auxilio por medio de atestados en materia de tráfico, vigilancia de condenas de suspensiones del carné de conducir o de cumplimiento de órdenes de alejamiento en materia de violencia doméstica.
Mediación y arbitraje
Que España es uno de los países europeos donde la judicialización campa a sus anchas, es un hecho, y una simple discusión vecinal termina dirimiéndose ante un juez.
Blanco propone que «para que la justicia sea eficaz no es preciso solo incrementar el número de órganos judiciales, jueces, fiscales o funcionarios. Hace falta crear órganos para frenar la judicialización de determinados asuntos». Ese es el sentido del Consejo Económico Administrativo municipal, y la Junta Arbitral de Consumo.
La edificación de la nueva sede de la Ciudad de la Justicia permitirá al Consistorio de la capital disponer de la actual sede de los nuevos juzgados en la calle Angustias, que se destinará a servicio municipales. «Estamos comprometidos con la justicia ya que hasta el momento el Ayuntamiento ha hecho sus deberes con el cambio de uso de la parcela», recuerda Alfredo Blanco, para quien la pelota está ahora en tejado del Ministerio de Justicia.
Desde la Diputación provincial, Agapito Hernández expresa el clamor para que mejore el servicio en el ámbito territorial. Y es que la creación de casi una decena de nuevos juzgados en la capital vallisoletana, durante los últimos seis años de Gobierno socialista, no es suficiente para una provincia en la que la zona este está sin ningún órgano jurisdiccional.
Hernández reconoce que «pese a que se han hecho cosas» las deficiencias son históricas, pero cuando se dan situaciones de crisis económica como la actual la falta de medios se acrecienta.
«Hay que pedir un mayor esfuerzo ahora que se abre el debate sobre la nueva planta judicial. En la provincia de Valladolid se deben crear nuevos partidos judiciales ya que no se entiende que otras provincias similares a la nuestra en población tengan 15 o 18 partidos judiciales, en algunos casos, y aquí solo tengamos tres», dice Hernández, concejal en el Ayuntamiento de Peñafiel, para quien no se entiende que ciudadanos de esta comarca se tengan que desplazar a 70 kilómetros de la capital para acudir a un juicio de faltas o civil.
Y es que desde hace años la reclamación de un nuevo juzgado para esta villa figura en la memoria de nuevos órganos al igual que hay en Medina del Campo y Medina de Rioseco. «Solo con medidas de este tipo se logrará acercar la justicia al ciudadano, y para ello es preciso crear partidos judiciales en una provincia como Valladolid, que ha estado un poco discriminada respecto a otras», dice.
Grandes sufridores de la crisis por los impagos, los empresarios de la CVE echan en falta un plan global que acabe con el retraso en la justicia. «En la sanidad pública parece que se camina con criterio razonable. El ciudadano ve cómo el traspaso de esta competencia ha sido ágil y dinámico, mientras que la Administración de Justicia aparece como más anquilosada. Hacen falta medios. No puede ser que con los medios informáticos que hay, los órganos judiciales no estén interconectados e intercambien información sobre cuestiones como la morosidad, los impagos o las insolvencias», dice José Antonio de Pedro, representante empresarial, que apuesta más por los procesos de arbitraje, la especialización de juzgados en materia mercantil y el establecimiento de órganos de refuerzo puntuales contra estos atascos.